El 23 y 24 de junio de 2015 por más de 5 horas, las avionetas acompañadas de varios helicópteros artillados, fumigaron de forma indiscriminada el territorio del Consejo comunitario de Guajuí en el municipio de Guapi – Costa pacífica de Cauca. El poder del veneno lo tiraron a la gente, sus casas, los cultivos como base para la comida, el agua de consumo y los sitios sagrados de las comunidades.
Este etnocidio es una práctica criminal y de desterritorialización de nuestras comunidades negras. Alertamos que esta guerra química afecta la salud de las comunidades, niños, niñas, adultos mayores, mujeres en embarazo, jóvenes y adultos.
Con estos hechos se violan nuestros derechos como grupo étnico, las decisiones de Estado, además del artículo 81 de la constitución nacional en la cual se expresa que “queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares…”.
Exigimos coherencia del Gobierno Santos que el 9 de mayo de 2015 ordena suspender las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato, decisión ratificada el 14 de mayo por el Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia a través de una resolución que prohibía las fumigaciones, y pasados más de 1 mes nos fumigan los territorios colectivos étnicos.
La suspensión de las fumigaciones del Estado de Colombia se hizo en correspondencia a las recomendaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) -que hace parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- de clasificar el glifosato entre los productos cancerígenos tanto para animales como para humanos. Pero vale recordar que Colombia es el único país del mundo que permitió la Guerra química contra su territorio, ni siquiera Afganistán lo aceptó.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre los hechos que están sucediendo, y les solicitamos apoyo para exigirle al gobierno nacional coherencia en su política y decisiones, el respeto a la vida y el territorio de los pueblos negros del Pacifico, la suspensión inmediata de todas las formas de violaciones; se respeten y acaten los convenios y pactos suscritos de Colombia con la comunidad internacional tal como la consulta previa, libre e informada con base en el convenio 169 de la OIT, y se proceda conforme a los derechos consagrado en la Ley 70/93 o ley especial para las comunidades negras en Colombia.
Guapi, 9 de julio de 2015
Regional COCOCAUCA