La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca rechazamos los hechos presentados en el sector de la Luz, resguardo de Tacueyó, municipio de Toribío. El día 29 de octubre, mientras la Guardia Indígena realizaba su ejercicio legítimo de control territorial, hombres armados que se movilizaban en un vehículo negro disparan de manera indiscriminada, terminando con la vida de la autoridad Neehwesx, Cristina Bautista Taquiñas, y de los Guardias Indígenas Asdrubal Cayapú Campo, José Heliodoro Fiscué Guejía, James Wilfredo Soto Taquiñas y José Gerardo Mesa Soto, además de seis comuneros heridos, algunos de gravedad; así mismo, arremeten contra la ambulancia y comunidad.
Hoy son muchas las manifestaciones de rechazo y condena a esta imparable violencia en contra la comunidad indígena y su principal forma de autoprotección, la Guardia Indígena. Las reiteradas denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), así como las múltiples exigencias al Estado para que brinde garantías reales para defensoras, defensores, líderes y lideresas indígenas, campesinos, afrodescendientes y urbanos no encuentran respuestas efectivas.
Ante estas y otras situaciones, las respuestas de las instituciones civiles y militares el Estado son reactivas, además las investigaciones de los casos de violencia que a diario se presentan en nuestro territorio son ineficaces, no existen acciones de intervención integrales del Estado en el desmantelamiento de los grupos armados y paramilitares que con su acciones enlutan y destruyen nuestros territorios.
Para el gobierno colombiano la única salida a esta violencia continuada es el incremento del pie de fuerza, representado en unidades militares y policiales en los territorios, no obstante, la denuncia constante de las comunidades es la de la negligencia y omisión del Ejército y la Policía en muchas de las violaciones causadas.
El actuar del ejército nacional ha sido cuestionado recientemente por su presunta participación en el asesinato del joven Flower Jair Trompeta Pavi, comunero indígena de la vereda La Laguna, municipio de Corinto, quien habría sido torturado y asesinado por integrantes del Batallón de Alta Montaña No. 8. Este hecho lamentablemente nos coloca bajo el inminente peligro de volver a estar viviendo el terror de los falsos positivos.
Los hechos sistemáticos de violencia (asesinatos, atentados, tortura, reclutamiento forzado y amenazas por medio de panfletos y llamadas telefónicas) en contra de la comunidad indígena, ocurridos durante este año principalmente en los municipios del norte y oriente del Cauca, obliga nuestros procesos organizativos y comunitarios a exigirle al estado colombiano, cumpla con su deber constitucional de garantizar los Derechos Humanos y el derecho a la defensa del territorio que como pueblos originarios tenemos, a su vez cumpla con los acuerdos de paz y sociales suscritos con las comunidades en las diferentes negociaciones y movilizaciones realizadas.
La paz no es otra cosa que la satisfacción plena de los Derechos Humanos de los ciudadanos, si el Gobierno garantizara esto en un territorio como el Cauca, sería posible que mejoren condiciones que permitan vivir dignamente.
Popayán, 30 de octubre de 2019