La Regional COCOCAUCA, integrante de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) y colaborador de esta edición, recomienda la lectura de la revista Territorio de Etnias No. 14, edición especial:
Entre la realidad y la esperanza: Situación de derechos humanos y procesos de construcción de paz desde los territorios.
EDITORIAL: La difusión del presente número de la revista coincide con el primer año de gobierno del presidente Iván Duque. Resulta entonces pertinente leer la información y análisis que aquí se ofrece en clave de lo que ha significado este primer año del gobierno para la región del Pacífico. Por ello, los dos ejes estructurantes de los diferentes artículos y reflexiones se refieren a la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y al estado actual del proceso de construcción de la paz territorial.
De entrada, es necesario evidenciar que, durante este primer año de gobierno, se mantuvo la visión estado-céntrica que, desde hace años, se tiene de la región Pacífico: sólo vista en términos de las oportunidades para el mercado internacional. En consecuencia, esta administración ha propuesto las adecuaciones territoriales que se requieren, para que sea útil a las decisiones de macro política económica. Complementario a lo anterior, fue un año sin diálogo del gobierno con sus pobladores, sin escucha de sus preocupaciones y propuestas, lo que hace mucho más difícil contener la aguda crisis humanitaria y de violaciones de Derechos Humanos, y avanzar en la construcción territorial de la paz.
Para el territorio del Pacífico y para las comunidades, organizaciones sociales y étnico territoriales, las decisiones políticas y la puesta en marcha de las mismas durante este año de gobierno, no dejan un balance positivo en perspectiva de la garantía de los derechos colectivos de la paz:
- Preocupa a las comunidades y organizaciones la excesiva militarización de la región. Se expandieron los grupos armados al margen de la ley, en disputa del territorio y de control de las economías legales e ilegales. Y el Estado intensificó su presencia militar (Fuerzas Armadas, Policía), a través de su política de seguridad y defensa que pareciera más orientada a reinstalar la guerra en las regiones mediante medidas de militarización intensa y aumento de las facultades a la fuerza pública, que a garantizar los derechos de los ciudadanos y a crear condiciones para implementar los acuerdos de paz.
El seis de febrero de 2019 en la base militar de Tolemaida el presidente Duque presentó su “Política de Defensa y Seguridad, para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad” (PDS). Esta política que fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo faculta a la fuerza pública para que actúe como, primera y máxima, autoridad en las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII); recrea la red de informantes, ahora denominada “Red de Participación Cívica”; restaura la política de recompensas, autoriza el porte de armas a personas de “bien”; incentiva también la producción de bajas en operaciones militares, a tráves de directivas para duplicar los resultados operacionales, entre ellos los consistentes en bajas. Un análisis especial debe hacerse sobre el documento denominado “Planteamientos operativos 2019” en el que se orienta “hacer lo que sea para elevar resultados”, incluida expresamente la referencia a establecer alianzas con grupos armados ilegales para combatir a otros grupos armados ilegales o personas supuestamente en la criminalidad, lo que daría lugar a habilitar la conformación de grupos paramilitares.
A partir de la experiencia vivida, las organizaciones étnicas y comunidades del Pacífico consideran que este grado de militarización del territorio y de la vida de sus pobladores, además de ser un obstáculo para cimentar la paz, eleva las violaciones de derechos humanos y del DIH a niveles insospechados, como ya se está observando.
- Preocupa a las comunidades y organizaciones que el gobierno insista en la negación del conflicto armado. Como se observará en uno de los artículos, durante el 2019 los habitantes los Pacífico han sufrido una multiplicidad de violaciones de derechos, individuales y colectivos y graves violaciones a sus derechos como población civil en el marco del derecho internacional humanitario y consuetudinario. Modalidades como asesinatos, desplazamientos forzados, reclutamientos, confinamiento de poblaciones, ocupación de espacios comunitarios y de bienes civiles, desconocimiento de la autonomía y gobierno propio que asiste a las autoridades indígenas y afro, etc, concluyen en lo que la defensoría del pueblo, de manera reiterada, ha denominado «una crisis humanitaria sostenida».
Esperamos que la información y análisis presentados en este número contribuya a que la opinión pública tenga una visión más acertada de lo que realmente ocurre en la región del Pacífico colombiano y a generar las condiciones necesarias para que la gente del Pacífico pueda, algún día, vivir dignamente en armonía con su territorio.