Bogotá, 8 de enero de 2020
Doctor
Iván Duque Marquéz
Presidente de la República de Colombia
Respetuoso saludo
En respuesta a la invitación que usted me ha dirigido para dialogar directamente, y también para participar en la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad sobre la situación de Bojayá, le manifiesto lo siguiente:
- Agradezco esta invitación, la cual he aceptado y por ello he venido en mi condición de líder comunitario, en particular como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico (CIVP), la cual está conformada por organizaciones étnico-territoriales de afrocolombianos e indígenas de los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Por tanto, no vengo a hablar únicamente de mi situación personal y familiar por la amenaza de muerte que recibimos de los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), sino de la crisis humanitaria que padece el Chocó y todo el litoral Pacífico.
- El pasado 17 de noviembre de 2019, con ocasión del sepelio colectivo de las víctimas de Bojayá, una vez se logró la identificación de sus restos mortales, le enviamos una carta, la cual se anexa, en la que expresamos que los hechos lamentables de los años 2004 se estaban repitiendo en nuestra región. Allí manifestamos lo siguiente:
«Ya han transcurrido 15 años y esta situación se repite, con la variante de que , gracias al Acuerdo de Paz, hoy las FARC – EP han salido del territorio, pero ante la falta de la implementación del mismo, el ELN ha copado estos espacios, se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil. De la misma manera, el Gobierno no ha sido efectivo en combatir las nuevas formas de paramilitarismo y bandas criminales, quienes hoy han incrementado su accionar al interior de los territorios étnicos.
Lo anterior, señor Presidente, se fundamenta en los siguientes hechos:
1. La Defensoría del Pueblo en el periodo de su gobierno ha emitido dos Alertas Tempranas y cinco Informes de Consumación de Riesgos, dirigidos a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), visibilizando la situación de Bojayá.
2. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado e informado sobre hechos violatorios a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en contra de la población étnica, específicamente en el municipio de Bojayá.
3. Las organizaciones afros, indígenas y la Diócesis de Quibdó durante el periodo de su gobierno han emitido diferentes comunicados y denuncias a la opinión pública, sobre la grave crisis humanitaria que viven los pobladores del municipio de Bojayá (ver anexo «Informe sobre la grave crisis humanitaria, social, económica y ambiental en el departamento del Chocó» en la página web: choco.org).»
Desafortunadamente el pasado 31 de diciembre, como también lo denunciamos oportunamente, se presentó la toma paramilitar de más de 300 hombres armados a la comunidad de Pogue y otras comunidades vecinas del río Bojayá. Con este hecho se acrecentó el horror dado que en algunas comunidades, meses anteriores, este grupo armado ha agredido física- y sexualmente a mujeres, entre otras acciones.
Los firmantes de esta carta aún estamos esperando su respuesta. - La actuación de los grupos paramilitares de las AGC se realiza en connivencia con la Fuerza Pública asentada en el río Atrato y en muchos otros sectores de la región del Pacífico, esto contradice la legitimidad de un gobierno que postula como principio de intervención la legalidad.
- El copamiento del territorio por parte de la guerrilla del ELN se ha ampliado generando zozobra y riesgo eminente en nuestras comunidades por sus acciones de guerra como la creciente instalación de minas antipersonas.
- La situación de crisis humanitaria de Bojayá se extiende a todo el Pacífico, donde se padece los desplazamientos forzados, las amenazas a comunidades enteras y líderes sociales, hasta llegar en continuas ocasiones a la muerte de varios de ellos, como se documenta en los anexos que se presentan.
- Es preocupante que ante esta inseguridad la explicación exclusiva por parte de los funcionarios del gobierno nacional sea la del narcotráfico, pues es sabido que históricamente este conflicto en la región además del narcotráfico ha estado asociado a la implementación de un desarrollo inducido, como la minería a gran escala, la agroindustria de la palma aceitera y megaproyectos de infraestructura. Por ello, la solución a esta inestabilidad humanitaria, social y económica requiere partir de la autonomía sobre el uso y control del territorio por parte de los pueblos indígenas y afrocolombianos de la región.
Respuestas esperadas:
a) Es un consenso de todo el movimiento de las organizaciones sociales y étnico-territoriales de la región del Pacífico y de sus acompañantes como la iglesia católica de la región, que esta situación de inseguridad e inestabilidad social solo se puede resolver de fondo si se avanza en la consolidación del Proceso de Paz. Lo cual implica, señor Presidente, que todo lo pactado en el Acuerdo de Paz se implemente de manera completa en la región: la Reforma Rural Integral, empezando por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el fortalecimiento de la participación política de las comunidades a través de las Circunscripciones Electorales Especiales, la reforma política, las garantías de protección integra a los reincorporados y comunidades, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la persecución efectiva de la cadena del narcotráfico.
Las comunidades estamos prestas a participar de manera efectiva en esta implementación según lo definido en el Capítulo Étnico del mismo Acuerdo de Paz.
b) El otro componente para restablecer la seguridad y normalidad en la región es retomar la resolución del conflicto armado mediante la vía negociada, en consecuencia, es necesario que se abran caminos concretos de diálogo con la guerrilla del ELN, expresado en la reapertura de la Mesa de Negociación, en condiciones que sean viables y con gestos bilaterales que creen la confianza necesaria en toda negociación.
c) Es perentorio, como lo expresé recientemente en mi columna de opinión, que se generen condiciones normativas para que se retome el acogimiento colectivo a la justicia por parte de las AGC. Además de poner en marcha acciones concretas de desmantelamiento de esas estructuras que, como ya se ha dicho, actúan en connivencia con miembros de la Fuerza Pública.
d) De manera particular, para el futuro de una sociedad en paz, se requiere desvincular a los niños y niñas del conflicto, de tal manera que se acabe el reclutamiento de menores por parte de las fuerzas irregulares y la manipulación de los niños y niñas por sectores de la Fuerza Pública.
e) Se requiere hacer una investigación exhaustiva a las diferentes expresiones de la Fuerza Pública para identificar los patrones de connivencia con el paramilitarismo y que se actúe en consecuencia con la ley. Solicitamos que esta tarea sea adelantada por Procuraduría General de la Nacional y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
f) Para precisar las medidas de seguridad y protección de las comunidades de la región del Pacífico, solicitamos que de manera urgente se haga una misión a los centros de Tumaco, Guapi, Buenaventura, Istmina, Quibdó, Apartadó, Riosucio, Bojayá y Bahía Solano, liderada por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y que además la integren el gobierno nacional, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, la comunidad internacional y organizaciones étnico-territoriales y sociales, para identificar las acciones específicas y el seguimiento de compromisos acordados, como por ejemplo las medidas de protección colectiva pactadas con los líderes de Buenaventura y Chocó.
Finalmente, señor Presidente, las comunidades pedimos respeto a nuestros testimonios, pues ante la actual crisis de Bojayá, el Ejército Nacional y otros funcionarios del gobierno nacional han estado desmintiendo y minimizando la palabra de quienes vemos y padecemos la presencia, en número, zonas y agresiones de los actores armados en la región. Con lo cual se evade responsabiliadad por parte del Estado y se pone en mayor riesgo a la población civil, se genera daño a la legitimidad del mismo Estado por la pérdida de confianza entre éste y las comunidades que quedan en condición de vulnerabilidad.
Señor Presidente, espero que sobre cada uno de estos puntos se pueda realizar nuestra conversación.
Atentamente,
Leyner Palacios Asprilla
Líder social de Bojayá
Secretario Ejecutivo Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico (CIVP)
Foto entrada: Juliette Schlebusch, COCOCAUCA