El 29 de octubre de 2018 fueron asesinados con armas largas tres hombres y tres mujeres en el municipio de López de Micay, costa pacífica del Cauca. También fueron heridos un hombre y una mujer; dos hombres, de quienes no se tiene su identidad, siguen desaparecidos.
Los seis asesinados fueron identificados como:
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Erika Riascos Suárez
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Esther Jovani Valencia
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Juliana Riascos
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Junio Rentería Rentería
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Jorge Ramón Rodríguez
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Paola Herman
Las dos personas heridas corresponden a los nombres de:
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Laura Riascos Suarez
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Neifer Samuel Riascos Suarez
Según la información que se tiene en este momento, todo empezó con el asesinato de Junior Rentería entre las 6 y 7 pm en la cabecera municipal de López de Micay, quien al parecer estaba relacionado con las disidencias de las FARC que se encuentran en conflicto con el Ejército de la Liberación Nacional (ELN).
Pocas horas después, a las 10 pm, fueron asesinadas otras cinco personas en la comunidad de San Antonio de Gurumendi, Consejo Comunitario SANJOC, municipio de López de Micay, en la parte alta del río Micay, a diez minutos en lancha de la cabecera municipal; al parecer estos asesinatos están relacionados con el primero.
Se rumora que en la zona opera un grupo llamado Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) que busca pretender el control territorial y, según la información que se tiene en la zona, está tratando de definir el tipo de relacionamiento con el ELN.
En un oficio enviado ayer, 30 de octubre, a nombre de Wilmer Riascos Arboleda en su función como alcalde, el Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, Richard Moreno Rodríguez, le solicitó de manera urgente «adelantar todas las medidas de protección necesaria, adecuada y diferencial a que haya lugar para garantizar la vida e integridad de los miembros de esta comunidad» negra, «teniendo en cuenta que dichas comunidades son sujetos de especial protección y destinatarias de medidas de prevención y protección, ordenadas por la Corte Constitucional en el Auto 005 de 2009, identificadas como uno de los casos emblemáticos de grave afectación a causa del desplazamiento forzado.«
La Regional COCOCAUCA lamenta lo ocurrido en López de Micay e insta:
- a la Fiscalía Nacional que se investiguen estos asesinatos y que se tomen las medidas jurídicas correspondientes que lleven a su esclarecimiento y promuevan la justicia.
- al alcalde de López de Micay, Wilmer Riascos Arboledala, y el gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo Hurtado, adelantar medidas de protección urgentes, tal como lo manifiesta el Procurador, Richard Moreno Rodríguez, expresando en el oficio de carácter «ADECUADA Y DIFERENCIAL»; nos preocupa que la única «medida de protección» implementada por las autoridades pueda limitarse a una militarización de la zona que promovería la violencia y pondría en más peligro a nuestras comunidades negras de esta zona.
- las organizaciones nacionales e internacionales, defensoras de derechos humanos monitorear, visibilizar y denunciar los asesinatos y casos de violencia en Colombia y generar las acciones necesarias a nivel nacional e internacional para que el Gobierno tome medidas eficientes que protejan la vida en los territorios.
- a los actores armados, disidencia, ELN, GUP, Fuerzas Armadas, y otros, respetar la vida y las autoridades étnicas locales de los consejos comunitarios del Micay, en especial del Consejo Comunitario SANJOC como responsables directos del territorio colectivo; exigimos que en ningún momento se descuide el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Guapi, costa pacífica del Cauca, 31 de octubre de 2018,
Regional COCOCAUCA
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