El 27 de julio de 2024, estuvieron en confinamiento 900 familias que agrupan a 2.800 habitantes, que habitan la comunidad de Puerto Saija, en el Consejo comunitario parte Baja del rio Saija del municipio de Timbiquí – costa pacífica del Cauca. La acción se dio cuando guerrilleros del EMC de las FARC EP, dieron la orden del cierre de los establecimientos comerciales y prácticamente el encierro de sus habitantes en las casas.
La medida impuesta del actor armado no estatal, obedeció a la presencia del batallón fluvial de infantería de Marina No 42 en la comunidad, situación que no depende de los habitantes de la comunidad, pero si genera alta preocupación, por ser un detonante de altos niveles de riesgos en el territorio eminentemente étnico.
La gente se encomienda a Dios como acto de búsqueda de protección espiritual, ya que cualquier tipo de confrontación en las comunidades, puede conducir a niveles de afectación incalculables. Así mismo, este estado de cosas conlleva al riesgo de desplazamiento masivo para sus habitantes, complementada con todas las afectaciones emocionales y psíquicas.
Un habitante de la comunidad informó a COCOCAUCA hoy 28 de julio, «ya abrieron los negocios, pero marcharemos en protesta, porque está en vilo nuestra autonomía. Nuestro Reglamento interno traza los principios, en el cual se establece que todos los actores armados legales e ilegales deben estar a distancia de las comunidades, y eso les decimos sin distinción alguna, para que no hagan campamentos».
Como organización Regional, continuamos expresando la necesidad e importancia de avanzar hacia la paz total plena, para que se materialice el respeto de la vida de nuestros colectivos de comunidades negras, territorios históricamente marginalizados.
La comunidad afectada es sujeto de especial protección en especial por la condición étnica, por lo tanto, INSTAMOS:
• A las disidencias de las FARC el cese inmediato de todas las operaciones beligerantes, amenazas e intimidaciones y la salida de sus grupos de los territorios colectivos, cuyo control les incumbe exclusivamente a las autoridades étnicas.
• A la Fuerza Pública no arriesgar la integridad de la población civil y respetar plenamente el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
• Al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas (SNARIV) y Unidad de Victimas, tomar medidas de atención y protección a las víctimas correspondientes en máxima alerta.
• Al Defensor del pueblo, Julio Luis Balanta Mina, y la Procuradora General de la República, Margarita Cabello Blanco, la activación de la ruta de atención a las víctimas del conflicto armado, al igual que al emprendimiento de acciones que permitan adelantar medidas de protección necesarias, adecuadas y diferenciales, tal como lo ordena la Corte Constitucional en el Auto 005 de 2009.
• Al Gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, al Alcalde de Timbiquí Kilian Cuero Ruíz, proteger a las comunidades de la Costa Pacífica del Cauca, también apoyar y facilitar las acciones de las autoridades correspondientes, que les permitan evitar afectaciones a la población civil, bajo el cumplimiento de la norma internacional del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
• A organismos del Estado, organizaciones nacionales e internacionales, nuestros aliados a atender esta crisis humanitaria que se vive en la Costa Pacífica del Cauca, también a estar atentos a los acontecimientos y evitar que esta situación avance y se sigan vulnerando los Derechos humanos fundamentales y territoriales.
La regional COCOCAUCA no pertenece a ningún grupo armado y no participa en ninguna forma en las acciones de los bandos en el conflicto, tales como la Fuerza pública, las insurgencias u otro tipo de actor armado.
Como Regional COCOCAUCA abogamos por la paz con justicia social, como fundamento sustancial para seguir existiendo como grupo étnico. Rechazamos la violencia en nuestro pueblo y exigimos que se respete la vida de los habitantes en el territorio.
Guapi, 28 de julio de 2024.