Cococauca: El 15 de septiembre de 2026, siendo las 12:50 am, en el área urbana de Guapi, fue hostigada la estación de policía, ubicada en la carrera 2ª con 7ª, que preocupa por los recuerdos del artefacto explosivo el noviembre de 2024, ver: https://cococauca.org/2024/11/02/amanace-la-poblacion-dolida-afectada-y-desconcertada-por-la-explosion-del-motocarro-bomba-en-el-casco-urbano-del-municipio-de-guapi-cauca/
El 13 de septiembre de 2026, en el área urbana de Timbiquí, José David Ahumada Mendoza, patrullero de la policía de 28 años de edad, fue asesinado al parecer bajo modalidad sicarial.
En la primera y segunda semana de septiembre de 2026, las 540 personas de una comunidad negra de un Consejo comunitario del municipio de Timbiquí, permaneció confinada, con el alto riesgo de reclutamiento de jóvenes. Como lo expresara un habitante a Cococauca: “nos dijeron que quienes se mueven del territorio, van a tener problemas con nosotros, nos tienen amenazados, amedrantados”, con lo cual están mostrando copamiento a las comunidades.
El 31 de agosto de 2026, fueron liberadas 4 personas de las 8 secuestradas, quienes llegaron débiles de salud. A la fecha se sigue esperando la liberación de las otras 4 personas. Secuestro ocurrido el 3 de julio, conforme a información publicada en https://cococauca.org/2026/07/05/secuestro-masivo-en-consejo-comunitario-del-municipio-de-lopez-de-micay-costa-pacifica-del-cauca/.
Mientras las opciones de la salida negociada al conflicto se rompen con los anuncios del gobierno nacional de alimentar la guerra a través de acciones militares.
Preocupa el recrudecimiento del daño por las acciones armadas, en un territorio de grupos étnicos, que permanece históricamente marginalizado. Modalidades que se pueden interpretar como un desafío de confrontación armada de demostración de capacidad de fuerza militar y control territorial.
Ante estos hechos:
Expresamos que las comunidades y en especial los grupos étnicos, como sujetos de especial protección constitucional, no podemos seguir sometidos a los actores y factores de la guerra.
Desde la regional Cococauca abogamos por el derecho a la vida y a la vida digna que se merecen nuestros grupos étnicos.
Por lo tanto, exigimos a los actores del conflicto armado, dejar fuera de sus acciones a la población civil, el respeto y cumplimiento inmediato de las formas de gobierno propias, del Derecho internacional humanitario, ya que nuestras comunidades merecen vivir la paz.
Exigimos:
A los actores armados, la liberación de nuestra gente, territorio, cosmovisión y cultura, que se haga sin condiciones, en especial por ser sujetos de especial protección constitucional.
A los gobiernos: nacional (presidente, es Abelardo de la Espriella, vicepresidente, José Manuel Restrepo Abondano,) departamental (Gobernador, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez) y municipales (alcaldes del municipio de López de Micay, Harold García Riascos; Guapi, Gil Milena Grueso Romero y Timbiquí, Kilian Cuero Ruiz), a que se tomen acciones civilizadas que garanticen los derechos como grupos étnicos, sobre todo la atención integral a los sectores vulnerables (NNJA, Mujeres y Adulto Mayor) y el cierre de las brechas de desigualdad.
Instamos a:
A la Defensoría del Pueblo (Iris Marín Ortiz, Defensor del Pueblo de Colombia), Procuraduría (Gregorio Eljach Pacheco Procurador General de la Nación), organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, su colaboración, apoyo, y acompañamiento ante estos sucesos de crisis humanitaria.
La regional COCOCAUCA no pertenece a ningún grupo armado y no participa de ninguna forma en las acciones de los bandos en el conflicto, tales como la Fuerza pública, las insurgencias u otro tipo de actor armado.
Seguimos tejiendo vidas y permaneciendo en el territorio étnico.