MISIÓN INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN EN GUAPI

Situación de las y los defensores de derechos humanos en la costa pacífica del Cauca

La situación que viven los líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia continúa siendo preocupante; en medio de esta problemática, el departamento del Cauca viene registrando las cifras más altas de asesinatos. Pero esta problemática va mucho más allá de las muertes, las condiciones en las que viven quienes se atreven a defender un derecho, un ideal o representar a una comunidad, en este departamento, y más específicamente en la costa pacífica de Cauca, son críticas. Con esto en mente, PAS y PI, en coordinación con COCOCAUCA convocamos una misión internacional de observación, en la cual los delegados pudieron conocer de primera mano la situación de vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran los líderes, pero, además, en conjunto, trabajar soluciones y estrategias para cambiar esta realidad.


 

Anotaciones al margen:

  • 70.000 personas habitan la costa pacífica de Cauca, de los cuales 97% son afrodescendientes
  • 90% vive en pobreza multidimensional
  • 32.647 víctimas registradas ante el Registro Único de Víctimas (RUV, 04.10.2018)

 


“… Estaban en la reunión, cuando de pronto se acercó una de las personas de los grupos armados y les preguntó al grupo de líderes: ¿Quién fue el que dijo que en la comunidad se vendía y se metía droga? El Convitero (líder étnico) le respondió que no se había mencionado nombre alguno, y que solo trataban de un tema de riesgo. De forma grosera el armado le dijo: “¿Tú eres el que está roncando?”, y además le manifestó “Tú eres quien se va a morir de primero”, y con eso el compañero quedó perplejo, ya que al Convitero Payan lo habían asesinado.” 

Testimonio reportado por COCOCAUCA

Este es un ejemplo de los muchos ataques a los que son sometidos los defensores por parte de los grupos armados que buscan posicionarse en la región. Lastimosamente, por falta de garantías, la mayoría de estos casos (incluido este) no se denuncian ante las autoridades. Es decir, que, si bien las cifras oficiales muestran una grave problemática, la realidad es bastante peor.

​“La situación es muy compleja, se puede considerar que cualquier persona que busque la reivindicación o defensa de derechos humanos, o de sus derechos étnicos, se convierte en objetivo militar de los grupos armados que hay en la zona. Cuando los líderes empiezan a plantear posiciones y a defender sus derechos, automáticamente eso los pone en situación de vulnerabilidad porque no hay un respaldo desde lo institucional” manifestó Amitzury Montaño, funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

Orlando Pantoja, Palenquero Mayor de COCOCAUCA, sobre el papel de los conviteros en los territorios étnicos.

​Buscando visibilizar esta compleja situación, convocamos a una delegación de la comunidad internacional para que fuera al municipio de Guapi y pudiera escuchar a las y los defensores de derechos humanos y a las organizaciones étnico-territoriales de los tres municipios costeros del Pacífico caucano (Guapi, López de Micay y Timbiquí).


 

Anotaciones al margen:

En la Misión participaron:

  • Embajadas de: Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Noruega, España, Paises Bajos, Suecia, Bélgica y Finlandia.
  • Misión de Verificación de la ONU
  • Mapp – OEA
  • Delegación de la Unión Europea en Colombia

 


 

“Hay zonas del pacífico que se llevan la atención de la comunidad internacional, la costa caucana no es una de ellas. Nuestro primer objetivo entonces es visibilizar lo que está pasando aquí” manifestó Antonio García, delegado de la Unión Europea en Colombia, y agregó: “también queremos conocer de primera mano las dinámicas. Una cosa es lo que nos cuentan en Bogotá, y otra cosa es lo que nosotros vemos aquí, estando con la gente, saliendo y hablando con todos, autoridades, instituciones, sociedad civil, es el conocimiento directo.”

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​En esta misión de tres días, los delegados tuvieron reuniones con 36 representantes de los consejos comunitarios y de organizaciones étnico-territoriales, de víctimas y de mujeres de los tres municipios. También se reunieron con una comitiva de los resguardos indígenas de la zona en coordinación con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Además, los delegados se reunieron con el Vicariato Apostólico de Guapi – Pastoral Social y con autoridades e instituciones, Alcaldía, Gobernación, Personería, Policía y Ejército. Más allá de reconocer la situación, se hicieron recomendaciones para avanzar hacia una mejoría en las condiciones bajo las cuales se ejerce la labor de defensa de derechos en la región.

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​En las reuniones con los representantes de las comunidades, ellos le plantearon a la delegación los riesgos que más afectan la labor de defensa de sus derechos en estos territorios: desplazamiento, confinamiento, asesinatos-ataques, estigmatización, riesgos territoriales (cultivos de uso ilícito, minería ilegal, Planes de Desarrollo Étnico-Territoriales (PDETS), megaproyectos, usurpación del territorio por foráneos, irrespeto de autoridades ancestrales, pesca industrial, destrucción de los referentes culturales) y los derivados del proceso de implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC, entre ellos de la reincorporación de los excombatientes a la vida civil.

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Se denunció que algunos de estos riesgos, como por ejemplo la estigmatización, también provienen de la misma institucionalidad y autoridades de los municipios. Como lo manifestó un representante del Consejo Comunitario del Río Guajuí, hay quienes han buscado desconocer la labor de los y las lideresas en las comunidades. Al desconocer su condición de defensores de derechos humanos – muchas veces sumado a un discurso en el cual los líderes y defensores se asocian con grupos armados, guerrilla y delincuencia – se termina poniendo en riesgo no solo la integridad de los líderes, sino la legitimidad y el reconocimiento necesario entre las demás personas de las comunidades, para poder ejercer a plenitud una labor de liderazgo.

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La misión también abrió el espacio para que los delegados pudieran evidenciar – desde la perspectiva de las víctimas – los impactos que ha dejado el conflicto armado en la región. Esto quedó expuesto en la visita que se realizó a la comunidad de Codicia, una comunidad ubicada dentro del municipio de Guapi, en una zona priorizada para la implementación de los acuerdos de paz, que fue desplazada en medio del conflicto armado durante el 2011 y hoy, 8 años después, aún no cuenta con las garantías para poder regresar tranquilamente a su territorio.

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​La mano temblorosa y la voz quebrada de la mujer que daba el testimonio de lo que había sucedido en esta comunidad, daba cuenta de lo profundas y fuertes que son las heridas que ha dejado el conflicto armado. En medio de la maleza y el deterioro de la iglesia abandonada en la cual se realizaba la jornada, los delegados pudieron acercarse a entender la crudeza del conflicto y evidenciar sus afectaciones. Al final, un abrazo entre las personas que se encontraban ahí y una misa en homenaje a las víctimas, sellaba un espacio de memoria cargado de emociones y simbolismos pudo brindar un entendimiento empírico de lo que han vivido las comunidades. Con la entrega simbólica de un potrillo (ver imágenes), los distintos participantes provenientes de las comunidades entregaron sus peticiones y mensajes a la misión.

“Acá la protección va mucho más allá de lo individual, acá vivimos un conjunto de personas, de seres humanos, que vivimos con unos recursos en un territorio, y al final somos uno solo, una unidad, desde ahí se debe percibir la protección, tomando este conjunto de elementos en cuenta, eso es lo que funciona acá en la costa pacífica.”

Testimonio de un convitero del Consejo Comunitario del Río Guajuí

“El principal mensaje que quise transmitir en esta misión fue el de mirar con otros ojos la realidad que se vive de parte de las mujeres negras de la costa pacífica, de la situación real que estamos viviendo en los municipios de Timbiqui, Lopez de Micay y Guapi. Y lo logré, creo que lo logré.”

Testimonio de una lideresa de López de Micay

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Con la entrega de armas por parte de las FARC, en el 2016, se pensaba que se abriría la puerta para que las comunidades pudieran vivir en paz y ejercer sus formas ancestrales de liderazgo. Sin embargo, la salida de las FARC ha dejado un vacío de poder en los territorios que ha venido siendo llenado por otros grupos armados ilegales. Las autoridades étnicas, apenas están volviendo a ejercer su papel como autoridades, pero se encuentran sumamente debilitadas por las dinámicas en su contra.

​Tomando esto en cuenta, una de las principales conclusiones de la misión fue la necesidad de fortalecer los procesos colectivos, étnicos, ancestrales y sociales de liderazgo y organización que han construido las comunidades. En palabras de un líder del Consejo Comunitario del Río Guajuí: “…que por fin nosotros, como autoridades étnicas, podamos ejercer nuestro propio mandato para tener una sana convivencia y apropiarnos de nuestras autoridades para que podamos nosotros mismos ejercer. Nadie conoce y sabe lo que pasa en las comunidades más que nosotros.”

​Por otro lado, las distintas organizaciones también expresaron la necesidad de hacer incidencia ante las instituciones locales, departamentales y nacionales para que fortalezcan sus acciones en materia de seguridad y protección de estas comunidades. Se resaltó la necesidad de reactivar y fortalecer procesos como la mesa sub-regional de garantías, la comisión étnica-territorial para la implementación del Acuerdo de Paz, así como de promover la creación de una ruta étnica de protección colectiva integral que contenga: planes de retorno y reubicación, plan de prevención y protección, y PDET. Todo esto con especial participación en atención diferencial para las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, con una fuerte y activa participación de las organizaciones sociales y Consejos Comunitarios que ejercen en la región.

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La misión fue un esfuerzo por lograr que el Estado cumpla su rol como garante de derecho humanos en esta región y se articule con las comunidades para trabajar unidos por una vida en paz y con tranquilidad desde los planes de vida, el liderazgo y el desarrollo comunitario con visión étnica-territorial. En palabras de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, ”estoy convencida de que se puede lograr. Considero que no hay nada que el diálogo y la generación de procesos donde se involucre a la comunidad no pueda superar, es muy importante la disposición que tiene la gente, las personas afectadas y las víctimas para que esta situación cambie.”

 

 

Texto y fotos: Santiago Londoño Suarez (PAS), Cristian Cuero (COCOCAUCA), Juliette Schlebusch (COCOCAUCA) / Revisión Editorial: Alicia Pradera (PAS), Betty Pedraza (PAS), Irma Perilla (PAS).