Todos sabemos que en Colombia hay un conflicto armado. Para las comunidades del Pacífico es una realidad de todos los días. Pero no olvidemos que detrás del conflicto armado hay otra guerra, la de un Estado contra la población civil, un Estado que mantiene vivo el desacuerdo y la violencia para no tener que ejercer con su obligación de cumplir con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en el país.
Este artículo fue publicado en diciembre de 2019 en la revista Territorio de Etnias No. 14, edición especial (pág. 12 – 14), Entre la realidad y la esperanza: Situación de derechos humanos y procesos de construcción de paz desde los territorios.
Vale recordar que Colombia es un Estado Social de Derecho. Nosotros tenemos derechos, los conocemos, pero aquí en la costa pacífica del Cauca no los sentimos. Al contrario, aquí estamos lejos de todo, rodeados de toda clase de militares, geográficamente aislados, con mala señal telefónica, a veces hasta siete días sin energía eléctrica, como ocurrió en el casco urbano de Guapi en octubre de 2018. Ni hablar de las zonas rurales. Y nadie se indigna. De hecho, el tema de la energía eléctrica y las empresas responsables es todo un capítulo propio de indignación, fuertemente relacionado con los intereses políticos de Guapi.
En fin, al parecer estamos demasiados lejos del centro de poder para que el Estado pudiera o quisiera velar por nuestro bienestar. En otras palabras, en Guapi, Timbiquí y López de Micay estamos totalmente desprotegidos. Derechos son también garantías, garantías implementadas por el Estado y no garantías vistas como el número de unidades y fuerzas militares especiales que envían a los territorios. Unidades y fuerzas que, al parecer, nunca han escuchado del Derecho Internacional Humanitario. Si no es así, ¿cómo podemos explicar que en Guapi en octubre de 2019 realizó operaciones militares con aproximadamente 30 soldados, desde un bien civil de protección especial en Guapi, donde se encuentra un hogar para niños y un ancianato?
La costa pacífica del Cauca, en el Pacífico sur, donde están ubicados los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay, es una región donde el 95% de su población es negra. Aquí el abandono estatal se ve reflejado en un 71% de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es decir la falta de oportunidades laborales e instituciones de educación superior, déficit en la salud, la falta de acueducto y saneamiento básico, viviendas y calles adecuadas; todo esto sumado a un gran falta de voluntad política que verdaderamente beneficie a los habitantes. A esto se suma la violencia de una guerra que nunca ha cesado. Las administraciones municipales, encargadas de velar por la seguridad y el bienestar de las comunidades, hasta ahora (diciembre de 2019) no han cumplido a cabalidad con la tarea encomendada.
Esto no es nuevo, cifras y hechos se conocen desde hace rato, incluso se repiten. Pocas veces nos quejamos de la situación, y si lo hacemos la respuesta es: «Aquí es así, siempre ha sido así». De manera perversa hemos naturalizado las omisiones del Estado y con ello el incumplimiento de nuestros derechos. Como si no tuviéramos derechos, y como si el Estado (SÍ EL ESTADO), no tuviera una responsabilidad con nosotros como ciudadanos.
La costa pacífica del Cauca está inmersa en el conflicto armado que azota el país por más de medio siglo con desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, muertes, violaciones sexuales, reclutamientos forzados, traumas psicológicos, etc. El Registro Único de Víctimas (RUV) arroja un total de 27.661 víctimas para la costa pacífica del Cauca (estado 1 de octubre de 2019), una cifra inferior a la realidad, sabemos que muchas víctimas no se registran, por miedo o simplemente no son aceptadas en esta categoría.
Podemos hablar de la guerra, de los diferentes grupos armados, de la violencia y sus víctimas, de los señores Encho, Huberney y Aguacero, desaparecidos en septiembre de 2019 en López de Micay. También podemos hablar de Víctor Campaz y los otros 13 asesinatos, en su mayoría jóvenes entre los 17 y 30 años de edad, en el casco urbano de Guapi durante 2019; podemos hablar de las balaceras, toques de queda, del miedo que se siente para salir a la calle. Lo hemos contado y lo seguiremos haciendo.
Los Derechos Humanos son una obligación del Estado, no de la guerrilla. El Estado tiene la legitimidad y por lo tanto la obligación, de velar por los Derechos Humanos de sus ciudadanos. A ratos da la impresión que la guerra que se mantiene es contra la población civil. Tantas veces que el conflicto armado le ha servido como pretexto para no abordar los problemas de fondo: la desigualdad, el despojo de tierras, el saqueo, la contaminación de los territorios, la falta de garantías, la falta de una verdadera participación política y la corrupción.
En septiembre llegaron a Guapi comandos especiales de la Armada y Policía, como los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) y Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nacional. Durante dos días operaron helicópteros desde el aeropuerto de Guapi, transportando los militares a Timbiquí. En el Consejo Comunitario Renacer Negro quemaron maquinaría, con el supuesto fin de acabar con la «minería ilegal». Varias personas fueron heridas gravemente, además la maquinaría quemada se lanzó al río, sin tener en cuenta que el río es sitio sagrado.
Lo mismo pasó al comienzo del año 2019 en otras comunidades de López de Micay. No es un secreto que las principales actividades económicas en Guapi, Timbiquí y López de Micay son la minería y los cultivos de coca. Las debemos cuestionar desde el punto de la sostenibilidad a largo plazo, el cuidad del ambiente o la protección de los territorios colectivos. Sin embargo, no creemos que es una «solución» por parte del Estado la destrucción de la maquinaría, tampoco creemos en la erradicación forzosa de la coca, sin que desde el Estado se implementen alternativas económicas que les permitan a las comunidades proyectarse más allá de la minería y la coca. De por sí, el término «minería ilegal» desconoce por completo la realidad del Pacífico, donde la minería artesanal siempre ha sido una economía tradicional de las comunidades negras en sus territorios colectivos étnicos. Sin lugar a dudas, lo que hace daño a los territorios es la maquinaría pesada y el uso de químicos.
El 18 de octubre de 2019 más de mil guapireños salieron a la calle para manifestarse de manera pacífica en contra de la violencia que ha sufrido el casco urbano durante todo 2019. Ojalá nos sigamos movilizando en las calles ante la falta de un sistema constante de tratamiento de agua potable, ante los desabastecimiento de víveres alimenticios, frente a los robos en la calle, frente a las inundaciones con excrementos por la insuficiencia del alcantarillado, o cuando nos roben el futuro, porque una vez más, sin ningún motivo ni explicación, no hay clases escolares.
Ojalá pudiéramos terminar el conflicto armado algún día para solamente avanzar y abordar de una vez por todas el cumplimiento de los derechos, sin pretextos ni escapes, pero con garantías y participación política de verdad.
Foto entrada: Por falta de acueducto niño en Timbiquí se baña con agua de lluvia que cae del techo. Foto: Cristian Cuero Castro, COCOCAUCA.