La revista Noche y Niebla No. 62 presenta las violaciones de derechos humanos en Colombia registradas por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política entre julio y diciembre de 2020. Este número está dedicado a la Costa Pacífica del Cauca. El artículo regional que la acompaña fue elaborado por la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca – COCOCAUCA. El foco de la guerra en el Pacífico sigue siendo una nueva expresión de la diáspora reconfigurada que hasta el día de hoy amenaza la existencia del pueblo negro como grupo étnico.
PRESENTACIÓN
Anonimato
Factor dinamizador del genocidio impune
Los lectores de Noche y Niebla están encontrando cada vez más saturados los casos de autorías anónimas. El relato cada vez más estandarizado de cada hecho violento comienza ya por alguna de estas expresiones: «desconocidos atentaron… dispararon… irrumpieron… se llevaron a …«, o bien: «dos hombres armados, en moto, con capuchas, llegaron a … [actuaron] y se fueron sin dejar rastro«.
Sólo ya muy rara vez los victimarios llevan brazaletes de las Águilas Negras, las AGC o Los Caparrapos, pero de todos modos la capucha y el arma apuntada protegen su identidad individual, y el terror sembrado impide cualquier seguimiento o reacción que no sea la huida o el silencio. Las fotos tomadas a prisa desde los celulares de nada sirven frente a las capuchas y a la ausencia o el cambio momentáneo de placas. Se puede afirmar que los caminos clásicos de la primera indagación están bloqueados por completo. Un «retrato hablado» del victimario llega a ser, pues, hoy día, una broma de mal gusto o una prueba manifiesta de la incompetencia del agente criminalístico.
Las estructuras de civiles armados que han actuado en estrecha coordinación con la fuerza pública, tuvieron su «edad de oro», como sucesoras de los agentes oficiales de la fuerza armada del Estado, quienes también tuvieron antes sus prolongados períodos de gracia, en los que no tenían que responder ante nadie por sus crímenes, puesto que gozaban de inmunidad fáctica en la «justicia militar», protegida con gratitud por las demás ramas de poder. Pero en la medida en que los paramilitares fueron dejando pruebas que los delataban por doquier como articulados íntimamente con ejército y policía, inundando de expedientes los tribunales internacionales, dejaron de ser funcionales a la estrategia represiva del Estado y comenzó, entonces, a gestarse, la era del anonimato que hoy está llegando a su clímax.
Como preámbulo, se intentó primero convertir a los paramilitares en «BACRIM» o «bandas criminales», con todas las características de la delincuencia común y privada, pero no fue suficiente; su ideología gobiernista y fascista se les asomaba persistentemente en panfletos y discusiones callejeras, lo que hacía difícil esconder sus tendencias militaristas y su adhesión fanática a los gobernantes de turno. Con todo, la academia y las redes mediáticas siguieron manejando e imponiendo el mito de la «extinción del paramilitarismo» y del carácter «civil» de la enmarañada red de victimarios, la cual ha conquistado inclusive a supuestas «disidencias» de estructuras guerrilleras desaparecidas, o al menos está logrando utilizar sus siglas y las de estructuras insurgentes no desmovilizadas, para hacerlas aparecer como autoras de infinidad de hechos violentos ambiguos.
Colombia fue objeto de grandes elogios en los años 70 del siglo XX, por haber sabido mantener un Estado con formalidades democráticas, mientras los demás países del continente soportaban dictaduras militares de «seguridad nacional»; sin embargo, en la práctica, la diferencia entre lo que se llamó en Colombia «la dictadura civil» y las demás dictaduras militares, era imperceptible; incluso logró tener más prisioneros y torturados que en Chile o Argentina bajo sus dictaduras militares, pero librándose de las censuras universales que llovieron sobre esos regímenes de sangre. Podría decirse que LA TÉCNICA DEL CAMUFLAJE ha sido una de las fortalezas del Estado colombiano.
Pero si el ANONIMATO es una pieza fundamental de una estructura de camuflaje, es una pieza que no se sostiene sola; el mecanismo al cual el anonimato le sirve más, es el mecanismo de la IMPUNIDAD y ésta a su vez sirve de puntal al eje fundamental que define y caracteriza el sistema general: EL GENOCIDIO. Es decir, un sistema que tenga la capacidad de discernir permanentemente qué grupos humanos con identidades definidas no se acoplan a los parámetros del grupo dominante y tenga a la vez instrumentos eficaces para exterminarlos con altas dosis de camuflaje o distracción.
El actual gobierno colombiano ha sido audaz y carente en absoluto de pudor, al adoptar y refinar otros instrumentos de impunidad. En el actual gobierno ha sido escandaloso el manejo de los ÓRGANOS DE CONTROL DEL ESTADO, en cuyas cabezas el Presidente Duque ha colocado, sin revelar ningún grado de vergüenza, a grandes amigos suyos que comparten su ideología, y aún más, que se identifican en el acatamiento, admiración y culto a un caudillo común. Cuando una voluntad difusa está buscando exonerar a funcionarios e instituciones de sus responsabilidades, complicidades y aquiescencias camufladas, nada mejor que contar con victimarios «anónimos» cuyos procesos pueden ser conducidos, manipulados y esfumados a su amaño, siempre que no se modifique el sistema de justicia que ha imperado en nuestra historia y que es el más funcional a la impunidad: la justicia del sólo testimonio.
Ante el escándalo del asesinato continuado y a gran escala de los líderes sociales de base y de los ex combatientes que firmaron la paz, los académicos y las redes mediáticas presionan a las instituciones para que encuentren soluciones y entonces se repiten las salidas trilladas: reuniones y comités entre las cabezas de los órganos de control del Estado; urgir a los funcionarios judiciales para que sigan aplicando el esquema rutinario de encontrar testigos y recibirles declaraciones y poner en la mira de las pesquisas a los pistoleros que dispararon encapuchados y en motos sin placa. Si la presión es muy fuerte, sospechosos «agentes de inteligencia» salen a los medios con hipótesis que coloquen a las víctimas en conflictos con sus parejas o con sus vecinos, para que la atención morbosa de las masas se desvíe hacia allá, tejiendo historias truculentas que las familias y las comunidades tienen que enfrentar con tutelas para salvar la honra de quienes fueron exterminados. Adicionalmente, el estándar «normal» de impunidad que el país arrastra desde hace muchas décadas y que supera el 90%, les sirve de escudo a los «investigadores».
Si se mira el problema en su globalidad, ya son demasiados años en que la violencia colombiana expulsa de la vida a cantidades de grupos humanos con identidades definidas pero críticos o contrarios a la élite imperante. Un gran sector consciente de la población comenzó a comparar las matanzas de hace dos siglos para acá y los métodos de exterminio de organizaciones y movimientos alternativos y ha caído finalmente en la cuenta de que existe UN MISMO LIBRETO que se activa intermitentemente para eliminar grupos humanos que, en opinión de la clase dirigente, NO CABEN EN ESTA NACIÓN. Por ello 400 colectivos han suplicado al Tribunal Permanente de los Pueblos que abra el expediente del GENOCIDIO en Colombia. Entre enero y abril de 2021 están agendadas las sesiones.
Javier Giraldo Moreno, S. J.
Marzo 31 de 2021