En máxima alerta estuvieron habitantes de la comunidad del Bajo Sigüí – Consejo comunitario del Playón, municipio de López de Micay – costa pacífica del Cauca, a raíz del enfrentamiento entre actores armados, aproximadamente a las 11:00am del pasado 29 de mayo de 2024.
El hecho violento generó una restricción a la libre movilidad, temor generalizado, zozobra y el desplazamiento de varias familias. Esta situación se suma a una serie de afectaciones permanentes que viven las comunidades en los últimos meses, producto del conflicto armado que sigue provocando confinamiento, desplazamiento masivos e individuales, homicidios y los daños por las minas antipersona.
Las 7 comunidades del territorio del “Consejo Comunitario el Playón”, se comunican por el río Sigüí como el único corredor de movilidad, afluente del río Micay. Estas comunidades, actuando como colectivo debido a lazos culturales y familiares, residen aproximadamente 400 familias, incluyendo niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores.
Actualmente, el Consejo Comunitario por su situación crítica, fue decretado por un Comité Territorial de Justicia Transicional como zona en confinamiento, además, en proceso de restitución de derechos territoriales, que debe ser respetada por todos los actores armados.
La comunidad sigue sometida al alto riesgo de nuevas confrontaciones entre los actores armados, lo que conlleva a estar en una constante zozobra. Por lo cual hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que actúen en defensa de los derechos humanos, especialmente considerando que se trata de pueblos negros, como sujetos colectivos étnicos de protección especial constitucional.
Por tanto, exigimos:
- Al EMC de las FARC y al ELN: El cese inmediato de todas las operaciones beligerantes, amenazas e intimidaciones. Respeto por la vida y el Derecho Internacional Humanitario, así como la retirada de sus grupos del territorio colectivo, cuya administración incumbe exclusivamente a las autoridades étnicas.
- A la Fuerza Pública: Respetar plenamente el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y evitar poner en riesgo la integridad de la población civil.
- Al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y la Unidad de Víctimas: Tomar medidas de atención y protección necesarias para las víctimas.
- Al Gobernador del Cauca, al Alcalde de López de Micay, al Presidente Gustavo Petro y a la Vicepresidenta Francia Márquez: Proteger a las comunidades de la costa pacífica del Cauca y facilitar las acciones necesarias para evitar afectaciones a la población civil, en cumplimiento del DIH.
Instamos a:
Al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y al Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, Carlos Andrés Beltrán: Activar la ruta de asistencia y atención a las víctimas del conflicto armado y tomar acciones para implementar medidas de protección necesarias, según lo ordena la Corte Constitucional en el Auto 005 de 2009.
A organismos del Estado, organizaciones nacionales e internacionales, y aliados: Acompañar y estar atentos ante los acontecimientos para reducir o minimizar la vulneración de los derechos humanos y territoriales.
A la institucionalidad nacional e internacional: Apoyar e intervenir en favor de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, proporcionándoles alternativas que les permitan alejarse de la guerra y desarrollar un proyecto de vida digno.
La Regional COCOCAUCA no pertenece a ningún grupo armado y no participa en ninguna acción armada de los bandos en conflicto, incluyendo la Fuerza Pública, las insurgencias u otros actores armados. Como Regional COCOCAUCA, abogamos por la paz con justicia social como fundamento para la existencia de nuestro grupo étnico. Rechazamos la violencia en nuestro pueblo y exigimos el respeto a la vida de sus habitantes.
Tejiendo vida y permaneciendo en nuestros territorios étnicos.
Regional COCOCAUCA
Guapi, Costa Pacífica del Cauca, 31 de mayo de 2024