La Regional COCOCAUCA alerta a la opinión pública nacional e internacional de la grave situación de desplazamiento masivo que viven los integrantes de comunidades negras del Consejo Comunitario de San Francisco, municipio de Guapi, costa pacífica del Cauca.
Desde el 3 de mayo del presente año cerca de 60 habitantes de las comunidades de Santa Ana y Robles empezaron a desplazarse a la cabecera municipal, debido a fuertes detonaciones explosivas en lo alto de la montaña que causaron temor a la población.
Semanas antes las mismas comunidades habían presenciado la llegada de hombres armados del grupo ELN que amenazaron a la población e impusieron la fuerza de las armas para establecer imposiciones comerciales y de paro inmediato sobre movimiento y uso de las maquinarias utilizadas en la práctica de la minería.
Los 40 habitantes de la comunidad de Santa Ana y las 20 personas de la comunidad de Robles optaron por desplazarse a la cabecera municipal de Guapi, donde recibieron la atención oportuna e inmediata por parte de la Defensoría del Pueblo (Regional Pacífico) y la alcaldía municipal. Se realizó el censo y se puso en tanto a la Secretaría de gobierno municipal que desde entonces ha realizado visitas constantes a las familias para conocer su estado mental y socioeconómico.
Por otro lado, con el apoyo de la alcaldía municipal se promueve el retorno voluntario y abastecimiento alimentario para aquellos habitantes que de alguna manera se animan a regresar a las comunidades ante la zozobra de no saber qué ocurrirá con sus pertenencias y el miedo de contagiarse con el coronavirus (que aún no ha llegado a la cabecera municipal), teniendo claro el riesgo que corren sus vidas al regresar a las comunidades.
En su mayoría las personas se resisten a retornar ante la situación que se agudiza cada vez más, ya que al parecer también se han presentado enfrentamientos entre ELN y disidencias de las FARC en la parte alta del Consejo Comunitario del Río Napi, limítrofe con el Consejo Comunitario de San Francisco.
Este panorama de desplazamiento y amenazas a las comunidades se ha venido presentando en las demás comunidades vecinas, como ocurrió hace tres semanas en la parte alta del municipio de Iscuande (Nariño), limítrofe con Guapi.
No es un secreto que en estas comunidades el abandono estatal y la fractura del tejido social conllevan a la dependencia económica de la minería legal e ilegal y otro tipo de economías como la siembra de cultivos ilícitos, que en ultimas termina por recaer en manos de grupos armados, encargados de regir la última palabra sobre estas economías.
Instamos:
- a las disidencias de las FARC y el ELN, el cese inmediato de todas las operaciones beligerantes, amenazas e intimidaciones y la salida enseguida de sus grupos del territorio colectivo, cuyo control le incumbe exclusivamente a las autoridades étnicas dichos consejos comunitarios.
- al Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, y el Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, Richard Moreno Rodríguez, el emprendimiento de acciones que permiten adelantar medidas de protección necesarias, adecuadas y diferencial, tal como lo ordena la Corte Constitucional en el Auto 005 de 2009.
- al gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, apoyar y facilitar las acciones de las autoridades correspondientes, que les permitan evitar afectaciones a la población civil, bajo el cumplimiento de la norma internacional del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
- a organismos del Estado, organizaciones nacionales e internacionales a estar atentos a los acontecimientos en los territorios de la costa pacífica del Cauca y evitar que esta situación avance y se sigan vulnerando los derechos humanos fundamentales y territoriales.
Como Regional COCOCAUCA abogamos por la paz con justicia social, como fundamento sustancial para seguir existiendo como grupo étnico. Exigimos que se respete la vida de los habitantes de la costa pacífica del Cauca.
No estamos a favor de la guerra, estamos a favor de la paz.
Guapi, costa pacífica del Cauca, 6 de mayo de 2020,
Regional COCOCAUCA
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